Este tipo de
comunidad se encuentra desprotegida debido a que pese al esfuerzo de la
alcaldía por ofrecer alternativas económicas para que desocupen el espacio
público no se ha logrado mayor avance, sin embargo existen entidades tales como
el IPES (Instituto para la economía social) el cual vela por este tipo de
comunidades y ofrecen espacios para generar ferias temporales, artesanales y
kioscos públicos para que ellos tengan alternativas laborales.
Por lo anterior fue
creada la sentencia T 772 de 2003 de la Corte Constitucional, la cual es
controlada para su correcto funcionamiento por la DADEP, encargada de velar por
el buen uso del espacio público, los cuales han implementado mecanismos de
acción para mitigar el exceso de invasión de este, entre los cuales se pueden
nombrar las casetas que fueron instaladas en algunos puntos de la ciudad
debidamente aseguradas y les facilita a estas personas el acceso a su lugar de
trabajo.
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